Cuando un grupo de personas decide crear una organización para intentar dar satisfacción -en conjunto- a una o varias necesidades socioeconómicas comunes, en forma democrática y participativa, se encuentra con el problema de escoger la forma o el tipo jurídico que mejor convenga a sus particularidades y requerimientos concretos y específicos. El grupo se haya en la necesidad de optar por alguna de las formas asociativas generalmente utilizadas en el país, para el caso, la cooperativa, la corporación y la fundación. Las características jurídicas, la estructura organizativa y el régimen de cada una de esas formas jurídicas están prefijadas en las leyes, y a éstas es necesario atenerse, aunque normalmente puedan introducirse en el estatuto y demás normas internas de cada organización algunas modificaciones a adecuaciones al marco legal, según el margen de flexibilidad o de rigidez que permita la ley respectiva.